Los derechos de las mujeres en juego

Desde hace algunos años se observa, tanto en la escena internacional como en la propia Unión Europea, la creciente influencia de grupos conservadores cada vez más organizados que cuestionan con regularidad los derechos de las mujeres.
En 1994, la Conferencia internacional sobre la población y el desarrollo del Cairo (CIPD) reconoce que todas las mujeres deberían tener acceso a los servicios de planificación familiar y a la atención postaborto, sea cual sea la situación legal del aborto en su país. “La salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia”. El programa de acción del Cairo fue firmado por 179 países, que se comprometieron así a garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva para el 2015, con los siguientes objetivos:

  •    el acceso universal a los métodos anticonceptivos
  •    la consideración de los abortos con riesgos como un problema de salud pública
  •    la atención de las complicaciones de postaborto

Veinte años después, los derechos de las mujeres se siguen cuestionando con regularidad y los Estados todavía no han cumplido sus promesas. 220 millones de mujeres que preferirían diferir o evitar un embarazo siguen sin tener aún acceso a una anticoncepción segura y eficaz y más de un parto de cada diez en el mundo se produce en una chica de 15 a 19 años. Por otra parte, la proporción de abortos clandestinos ha alcanzado niveles muy preocupantes: en 2008, cerca de un aborto de cada dos en el mundo se había practicado en malas condiciones.

Los embarazos no deseados, un problema de salud pública

Los embarazos no deseados (el 40% de los embarazos en el mundo) figuran entre los principales factores de enfermedades y de mortalidad materna. Se traduce en la multiplicación de los embarazos de mayor riesgo (particularmente, los embarazos precoces, poco espaciados o muy tardíos) pero también en un número muy elevado de abortos clandestinos. 22 millones de embarazos no deseados terminan con una interrupción voluntaria practicada en malas condiciones.

Frente a la problemática de los embarazos no deseados, la solución pasa por el pleno ejercicio del derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo y a “decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el espaciamiento de los nacimientos”. La realización de este derecho depende tanto del acceso efectivo a los servicios de planificación familiar como del acceso al aborto seguro y legal.

 

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